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Buena parte del diagnóstico descansa en premisas discutibles:

a) “Es injusto porque grava riqueza adquirida con ingresos ya tributados”.
Esto es una crítica clásica a cualquier impuesto patrimonial. Es válida, pero omite que el argumento inverso también es sólido: patrimonios altos generan capacidad contributiva permanente aunque los flujos sean bajos. Las democracias modernas combinan impuestos a ingreso y patrimonio por razones de equidad y eficiencia. No es un defecto técnico per se.

b) “El avalúo es arbitrario”.
Es correcto que el mecanismo de reavalúo del SII es opaco y mejorable. Pero la propuesta pasa de un sistema imperfecto a uno con problemas mayores (ver sección 3): usar el costo histórico produce subestimación permanente del valor real, erosiona la base tributaria y genera incentivos fuertes a subdeclarar.

c) “Es impredecible”.
El impuesto territorial es relativamente predecible en Chile comparado con normas internacionales. Lo que sí ocurre es que el SII ha tenido ciclos de ajustes fuertes, especialmente en comunas de alta plusvalía. El diagnóstico exagera la imprevisibilidad para justificar la abolición total.