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ChatGPT dijo:

A continuación, un análisis crítico, técnico y estructurado de la propuesta, focalizado en viabilidad fiscal, consistencia económica, efectos distributivos y problemas institucionales.

No haré juicios políticos; me concentro en la lógica interna y los efectos reales.
# Sobre el diagnóstico del impuesto territorial
1.1. Se describe como “injusto”, “arbitrario” y “confiscatorio”

Buena parte del diagnóstico descansa en premisas discutibles:

a) “Es injusto porque grava riqueza adquirida con ingresos ya tributados”.
Esto es una crítica clásica a cualquier impuesto patrimonial. Es válida, pero omite que el argumento inverso también es sólido: patrimonios altos generan capacidad contributiva permanente aunque los flujos sean bajos. Las democracias modernas combinan impuestos a ingreso y patrimonio por razones de equidad y eficiencia. No es un defecto técnico per se.

b) “El avalúo es arbitrario”.
Es correcto que el mecanismo de reavalúo del SII es opaco y mejorable. Pero la propuesta pasa de un sistema imperfecto a uno con problemas mayores (ver sección 3): usar el costo histórico produce subestimación permanente del valor real, erosiona la base tributaria y genera incentivos fuertes a subdeclarar.

c) “Es impredecible”.
El impuesto territorial es relativamente predecible en Chile comparado con normas internacionales. Lo que sí ocurre es que el SII ha tenido ciclos de ajustes fuertes, especialmente en comunas de alta plusvalía. El diagnóstico exagera la imprevisibilidad para justificar la abolición total.
# Sobre la eliminación de la contribución en primera vivienda
2.1. Alcance real de beneficiarios

La propuesta usa como fundamento que solo ~12% de las viviendas pagan contribuciones.
Eso significa que el impuesto territorial ya es de facto progresivo:
– El 88% restante no paga porque está bajo el mínimo exento.
Por tanto, eliminar contribuciones para “la clase media” tiene una eficacia limitada: la clase media baja no paga hoy; la media media paga poco; la media alta y alta pagan montos significativos.

Impacto distributivo real:
– Favorece fuertemente a hogares patrimonialmente acomodados que viven en viviendas de alto avalúo pero que pueden tener ingresos formales bajos (caso típico de adulto mayor propietario en comuna rica).
– Beneficia poco a quienes ya están exentos.

2.2. Costo fiscal de 380 MUSD/año

El texto afirma que este costo puede ser “absorbido” con:

Transferencia fiscal,

Ahorros municipales,

Mejor cobro de derechos de aseo.

Los puntos (2) y (3) son débiles:

Racionalizar presupuestos municipales es un eufemismo de recorte. En municipios pobres, el gasto municipal ya es mínimo; el ajuste tendría que venir de los ricos, pero esos son precisamente los que verán disminuir su aporte.

Mejorar cobro de aseo produce montos pequeños comparado con cientos de millones de dólares.

En la práctica, el 100% del costo recaería sobre el Fisco, aumentando el déficit estructural, salvo que simultáneamente se cree un impuesto alternativo (que no se propone).
# Sobre reemplazar el avalúo por “valor de adquisición + IPC”

Esto es el punto más problemático de toda la propuesta.

3.1. Se aleja completamente del valor de mercado

El valor de adquisición puede quedar 30, 40 o 50 años congelado, ajustado solo por IPC.
Pero el valor real del suelo en Chile en zonas urbanas ha crecido muy por encima del IPC, especialmente donde hay infraestructura, buena localización, densificación, transporte, etc.

El resultado temprano es:

– El avalúo dejará de tener relación con la riqueza real.
– Los contribuyentes con inmuebles antiguos quedarán subvaluados respecto a los nuevos.
– Se genera un tratamiento regresivo: hogares con patrimonio alto pero con viviendas antiguas tributarán muchísimo menos que jóvenes propietarios que compraron a precios actuales.

3.2. Incentivo directo a subdeclarar precios de compraventa

Aunque el SII tiene el artículo 64 del Código Tributario, en la práctica bajar artificialmente el precio de escritura se vuelve un incentivo dominante, porque el impuesto territorial pasa a depender completamente del valor declarado.

En países que usan costo histórico (ej. EE.UU.), esto llevó a:

– Sesgo contra las propiedades recién adquiridas.
– Disparidades profundas entre vecinos con viviendas idénticas.
– Millones de dólares en litigios tributarios.

3.3. Eliminar el departamento de avalúos del SII

Esto no es un beneficio. La determinación profesional del avalúo fiscal es una función estatal crítica, no burocracia inútil.
Quitarla deja al sistema a ciegas frente al mercado inmobiliario, elimina información clave para políticas de vivienda, transporte, planificación urbana y catastros de riesgo.
# Efectos macroeconómicos y de política pública
4.1. Financiamiento municipal

El impuesto territorial es la columna vertebral del Fondo Común Municipal.
Eliminar 15% de la recaudación total no afecta siendo marginal, pero no se queda ahí: si se fija base imponible por valor histórico, la erosión futura del impuesto será sistemática.

El riesgo es que en una década el impuesto territorial deje de ser relevante.

Esto genera:

– Municipios pobres aún más dependientes de transferencias directas.
– Pérdida de autonomía y capacidad de planificación local.
– Menor calidad de servicios urbanos.

4.2. Impacto en la segregación urbana

El impuesto territorial es una herramienta que modera la concentración de riqueza en determinadas comunas.
Su debilitamiento favorece la conservación de enclaves de alta renta sin presión financiera para densificar o reciclar suelo.

4.3. Señales económicas

Eliminar contribuciones en primera vivienda mientras se eliminan avalúos objetivos reduce significativamente la eficiencia del mercado inmobiliario:

– Propietarios con viviendas muy valorizadas carecerán de incentivo para vender o redensificar.
– Se profundiza la subutilización de suelo urbano escaso, lo que presiona al alza los precios de arriendo y compra para nuevos hogares.
– Disminuye la disponibilidad de suelo para proyectos de densificación.
# Evaluación normativa del argumento constitucional

El argumento de que el impuesto territorial es inconstitucional por ser un impuesto de afectación es formalmente débil:

La Constitución sí permite afectación tributaria cuando es establecida por ley con un destino local claro (lo cual este impuesto cumple).

La disposición transitoria que el propio texto cita legitima explícitamente su vigencia.

La jurisprudencia constitucional nunca ha declarado siquiera admisible un reclamo en este sentido.

El diagnóstico jurídico está sobreextendido para justificar un cambio político.
# Conclusión analítica

La propuesta presenta problemas estructurales:
# Diagnóstico sobredimensionado

Identifica problemas reales (opacidad del avalúo), pero los magnifica o los interpreta unilateralmente.
# Mejoras propuestas generan distorsiones mayores

Reemplazar avalúo fiscal por costo histórico es técnicamente inferior, regresivo y crea incentivos perversos difíciles de controlar.
# Efecto distributivo regresivo e ineficiente

Beneficia sobre todo a propietarios de alto patrimonio, no a la clase media baja.
# Riesgo para la sostenibilidad municipal

La erosión de la recaudación territorial afecta gravemente al FCM y al financiamiento urbano.
# Costo fiscal subestimado

El ajuste municipal y el cobro de aseo no compensan; el Fisco absorbe casi todo.
# No soluciona el problema real

La solución óptima sería transparentar y corregir el sistema de avalúos, no eliminarlo ni sustituirlo por un mecanismo inferior.

Si quieres, puedo:

– modelar el efecto fiscal por comuna,
– simular el impacto distributivo entre deciles,
– comparar con sistemas internacionales,
– evaluar alternativas menos distorsionantes (ej. limitar alza anual, alivios focalizados para adultos mayores, reclamos reforzados de avalúo).